El Vicerrectorado Académico-UCV
le cierra el
paso a la Cátedra libre
‘Pío Tamayo’
Jorge Delgado
La privatización de
nuestros espacios públicos y el uso de estructuras jurídicas paralelas para el
usufructo de unos pocos en la UCV, el uso comercial de espacios públicos para
beneficios personales, lo venimos denunciando, evidencia en mano, desde los
años noventa, siendo miembro del
CU-UCV.
Nuestra joya
arquitectónica de Villanueva, declarada Patrimonio de la Humanidad por la
Unesco en el año 2000, es reflejo de esta alarmante degradación. Bajo la
fachada de "fundaciones universitarias" y una potestad reglamentaria
de dudosa procedencia legal, las autoridades de turno han creado auténticos
fantasmas no auditables por la comunidad.
Actúan como juntas
directivas de empresas privadas, administrando y utilizando bienes que
pertenecen estrictamente a la nación y a la comunidad universitaria, para
beneficios individuales y grupales.
En nuestra UCV actual se viola los
artículos
135 y 141 constitucionales que exigen
honestidad, transparencia y
rendición oportuna de cuentas
La tesis de la
"auto sustentabilidad”, antes “autogestión”, es una falacia. Mientras, el
flujo de caja privado va a manos de la no auditable Fundación UCV y sin rendir
cuentas a nadie más que a sus
coadministradores: El CU. La
infraestructura física termina siendo recuperada con fondos directos del
Estado.
Esta arquitectura de
elusión institucional vulnera de forma flagrante los artículos 135 y 141 de la
Constitución, los cuales exigen honestidad, transparencia y rendición oportuna
de cuentas en la administración de bienes públicos. Además, colisiona de frente
con la Ley Contra la Corrupción.
Al transferir la
gestión de espacios públicos a fundaciones que las mismas autoridades presiden
o controlan, se configura un conflicto de intereses y una presunta desviación
de fondos. La autonomía universitaria es funcional, organizativa y académica.
Jamás ha sido, ni debe ser, una patente de corso para la inmunidad fiscal o la
opacidad financiera de negocios personales.
La degradación ética
es tal que ha alcanzado los espacios consagrados al pensamiento libre, como la
Sala ‘E’ de la Biblioteca Central. Las Normas elaboradas por el largo gobierno
anterior, como reglamento interno de este espacio, es un ejemplo perfecto de
cómo un instrumento administrativo se transforma en un grillete ideológico.
El Vicerrectorado Académico UCV impone
a
la Cátedra ‘Pío Tamayo’ en sus 43 años
aduana al
pensamiento y censura previa
que viola el 109
constitucional
Al exigir listas de
ponentes y descripción previa de la temática, el texto impone una aduana al
pensamiento y una censura previa que viola el artículo 109 constitucional.
Ejemplos de este bloqueo es el asedio sistemático y la persecución contra la
Cátedra ‘Pío Tamayo’, tras 43 años de una intachable trayectoria académica, que
pocas cátedras libres del mundo pueden exhibir, sin contar con aporte económico
institucional.
Asimismo, las Normas
de la Sala ‘E’ exigen algo sin precedente: que la solicitud para cada actividad
se haga “por lo menos con 15 días de anticipación”, porque el administrador de
la Sala debe contar con tiempo para estudiarla y constatar si cumple o no con
las Normas, para decidir sobre la aprobación o rechazo de la misma.
Y en caso de salir
favorecido, el peticionario debe proceder a pagar el costo del alquiler de la
Sala ‘E’. Una cátedra libre, sin ningún presupuesto-UCV, debe pagar ahora por
el uso del espacio utilizado a lo largo de su existencia.
La Cátedra ‘Pío Tamayo’ parece ser vista
como un estorbo por la sombra
empresarial instalada en
nuestra UCV
Esta norma devela su
verdadera intención: impedir el hecho académico semanal o quincenal de la CPT,
para reservar el espacio a eventos corporativos de alta rentabilidad. Esto
significa materialmente que 43 años después esta cátedra ha sido colocada en el
plano de los estorbos por un vicerrectorado que dice ser académico, pero que la
luz de las normas en comento, es más bien sombra empresarial.
El cargo rectoral o
decanal no puede seguir siendo visto como una franquicia comercial temporal, o
una oportunidad de acumulación económica privada. Quienes dirigen la
universidad deben recordar que su rol es el servicio público y la protección
académica, no el corretaje inmobiliario.
Para rescatar la
dignidad de la Universidad Central de Venezuela, la comunidad de profesores,
estudiantes, egresados y trabajadores debe despertar y exigir tres acciones
urgentes: una auditoría forense integral a la Fundación UCV, la democratización
inmediata de los reglamentos de uso de los espacios compartidos, y la
reintegración transparente de cada centavo producido por el patrimonio
universitario al presupuesto de las facultades y a las providencias
estudiantiles. Los cambios que exigimos
al gobierno, debemos primero hacerlos en casa.
Pedimos la derogación de las Normas
que
rigen el uso de la Sala ‘E’ y manifestamos
nuestra decisión de universitarios de llevar
la materia a las instancias a que haya lugar
Para los abogados que
hacemos vida académica en la CPT y el CEHA, formulamos esta denuncia sobre la
debilidad de la administración de los espacios públicos-UCV. Y en el caso
específico de las llamadas Normas de uso de la Sala ‘E’, pedimos, desde ahora,
su plena derogación por inconstitucionales y colidir con lo dispuesto en la Ley
de Universidades sobre la libertad de cátedra. Y la materia, de ser necesario,
la llevaremos a las instancias a que haya lugar.
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